¿Será verdad tanta belleza? Sí, y aquí van las pruebas.
Trece fallecidos recibieron y firmaron varios contratos que suman $679 millones de pesos e, irónicamente, uno de los muertos aparece contratando con la Registraduría Nacional del Estado Civil en donde reposa el registro que acredita cada defunción.
Uno de estos contratos fue con Arturo Sánchez Santamaría cuyo registro reza que falleció el 18 de noviembre de 2017 pero inexplicablemente le vendió seis días después insumos de papelería al Hospital Francisco de Paula Santander de Quilichao (Cauca). Este centro médico pagó $679 millones y el contratista ya había contratado con el Estado en unas 20 ocasiones anteriores desde 2016 por la compra de cuatro frascos de Colbón, 100 fólderes, 50 grapas, 36 lápices, más una caja de ganchos legajadores.
Este caso, más 12 restantes, fueron analizados por la Contraloría y se archivaron con el título de Océano. ¿Quiénes fueron los contratistas? ¿En qué regiones o ciudades del país reposan dichos archivos? ¿Con cuáles otros contratistas ya fallecidos se han firmado contratos o son anónimos?
Los negocios más costosos entre un vivo con un muerto fueron de 24 por la suma de $20 millones y lo consiguió Rafael Ángel Mahecha el 26 de enero de 2018, casi dos años después de haber muerto y pese que su matrícula mercantil fue cancelada por fallecimiento. El comerciante hizo un contrato con la empresa del Acueducto de Belén de los Andaquies (Caquetá) Aguas Andaki S.A. en el cual se comprometió a suministrar químicos para la potabilidad del agua del municipio.
Al igual que Rafael Ángel Mahecha, Humberto Pernet firmó dos contratos después de muerto los cuales suman más de $20 millones. Esta vez, el contratante fue la Institución Educativa Distrital del barrio Simón Bolívar en Barranquilla que lo requirió para adecuar cuatro aulas y un auditorio.
Entre las perlas de estos procesos de contratación se encuentran actas en las que las entidades afirmaron haberse reunido con difuntos contratistas, como el caso de la Institución Educativa Asamblea Departamental de Antioquia, con sede en Medellín la cual contrató a Gloria Mesa Montoya el 8 de marzo de 2017, tres días después de su fallecimiento, para el suministro de materiales de papelería por $12 millones 200 mil pesos.
Una historia similar se repitió en Granada, Meta, donde las monjas de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora contrataron a Ludivia Muñoz Garibello para que les proveyera tres botellas de champaña para la ceremonia de grados. El negocio se suscribió el 18 de junio de 2018, a pesar de que la contratista había muerto hacía dos años. En el acta de iniciación del contrato la rectora hizo constatar que se reunió con Ludivia Muñoz, a quien le pago $150 mil. Ambas partes del contrato firmaron el documento.
Los casos más raros son los de María González Roa y Luis Tique Lamprea. La primera, fue un contrato de su mano con la Registradora cinco después de su defunción. La entidad donde reposa el documento que acredita su muerte, tomo en arriendo un inmueble en San Eduardo (Boyacá) para que allí funcionara la Registradora Municipal. Este negocio fue por $4.051.836.oo Tique Lamprea, por su parte, fue contratado tras su muerte por la Cámara de Comercio del suroriente del Tolima para que proveyera metros de plástico y rollos de lona a pesar de que su esposa había cancelado su matrícula mercantil.
Otras cámaras de comercio que negociaron con fallecidos son las de Antioquia y Honda. En el caso antioqueno se contrató dos veces a Álvaro de J. Valencia Cano a dos semanas de su fallecimiento en febrero de 2016 para que publicitara unas campanas de la entidad en revistas y periódicos en Colombia y algunas en Latinoamérica.
Doce meses después en suelo tolimense, la difunta María Guzmán Troncoso fue contratada dos veces para que proporcionara ensaladas de frutas a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda que se capacitaron en los temas de circular única y registro público.
Si el listado de contratistas muertos se filtra según la entidad contratante, el primer lugar lo ocupa el Hospital San Carlos en San Pablo, Nariño. Allí se firmaron ocho de los nueve negocios que otorgaron a Gerardo Jaramillo tras fallecer el 18 de noviembre de 2017 por 6 millones 126 mil pesos. El mismo día de su deceso aparece firmando dos contratos con el hospital para el suministro de llantas de una ambulancia y el mantenimiento de dicho vehículo.
El 24 de noviembre, suscribió otro contrato para la provisión de combustibles y lubricantes, justificación que se repitió en los siguientes negocios con el centro hospitalario.
El contrato más reciente donde se menciona al difunto Jaramillo fue el 18 de enero de 2018, suscrito por el Centro de Salud Hermes Andrade Mejía en Tangua, Nariño. Allí figuró como representante legal de la Serviteca Las Mercedes y proporcionó llantas para otra ambulancia aunque el espacio de la firma del muerto quedó en blanco. Es decir, este muerto ya había viajado.
Ese mismo centro de salud de Tangua contrató a otro difunto: Hosen Muhammad Joma a quien en calidad de representante del almacén Hassán adjudicó la dotación de tres vestidos Kosta Azul para hombre, compra por un 1.607 mil pesos.
Con estos y otros datos, la Contraloría General empezó a detectar posibles irregularidades en la contratación pública del país y planea ponerles la lupa a todas las regiones para no darle tregua a la corrupción que suele colarse aún con los difuntos en los negocios con el mismo Estado. ¿Acaso nuestro Estado ha contratado con los muertos? Creemos que no y no.
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